La Sala Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ordenó reponer el proceso interno del Partido Revolucionario Institucional (PRI) para la elección del candidato a diputado federal por el Primer Distrito Electoral de Sonora.
Los magistrados regionales también revocaron por unanimidad el dictamen que declaró improcedente el registro de Rafael Humberto Celaya Valenzuela para participar en dicho proceso interno:
“De los 195 comités seccionales que el PRI nos informaba que están constituidos, apenas de 107 de ellos nos decían quién es el presidente (…) ¿cómo un ciudadano que se quiere registrar y que quiere conseguir el apoyo de los presidentes de los comités seccionales está en aptitud de conseguirlo, si el partido lo deja en estado de indefensión no dándole el nombre de 80 y tantos de ellos?”, abundó el magistrado ponente.
Como han procedido en sentencias similares, los magistrados Noé Corzo Corral, José de Jesús Covarrubias Dueñas y Jacinto Silva Rodríguez, vincularon la resolución al Comité Ejecutivo Nacional del PRI para que coadyuve en el cumplimiento de la sentencia; además ordenó a esa instancia y a la Comisión Nacional de Procedimientos Internos informar sobre su cumplimiento.
Otorgan derecho al voto a ciudadano rehabilitado
En otro tema, la Sala Guadalajara ordenó a la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores del Instituto Federal Electoral (IFE) expedir y entregar credencial de elector a Alberto Ríos Ramírez, ciudadano del Estado de Nayarit, luego de que cumpliera una pena de cárcel.
“Lo destacable a mi juicio en este caso es que ya la autoridad jurisdiccional penal, automáticamente –motu proprio-, hace un oficio solicitando que se otorgue una credencial (de elector)”, destacó el autor del proyecto, el Magistrado Jacinto Silva. A Ríos Ramírez se le había negado la expedición de dicho documento por una comunicación errónea emitida al IFE.
“El artículo 38 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos indica que los derechos político-electorales de los ciudadanos se suspenden, entre otros casos, durante la existencia de una pena corporal. De igual manera, el último párrafo de dicho precepto señala que la ley fijará la forma de rehabilitar a los ciudadanos en el goce de tales derechos”, refiere el cuerpo de la resolución.
En su octava sesión pública de 2012, la Sala Regional Guadalajara resolvió 55 juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano; dos recursos de apelación y un juicio de revisión constitucional electoral.
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