El pasado jueves acudió a la Procuraduría General de Justicia el ex secretario de Salud del gabinete de Guillermo Padrés, Bernardo Campillo García. Iba acompañado de su abogado, lo cual hace suponer que acudió en calidad de indiciado y no de testigo.
Se retiró sin informar sobre los motivos de su comparecencia y con una sonrisa nerviosa que hizo recordar aquel momento en que Jorge Morales Borbón, el secretario de Comunicación del padrecismo acudió acompañado de Carlos Navarro Sugich como su abogado defensor. Dos semanas después, agentes de la Policía Estatal Investigadora lo aprehendieron y actualmente se encuentra encarcelado por delitos de extorsión, en el Cereso I, de Hermosillo.
Bernardo Campillo puede convertirse en el segundo ex secretario de Padrés que pisa la cárcel, considerando la cantidad de fierros en la lumbre que dejó a su paso por la secretaría de Salud, donde la Fiscalía Especial Anticorrupción y la Auditoría Superior de la Federación están tras la pista de miles de millones de pesos presuntamente desviados de su destino original.
La liebre, sin embargo, podría brincar por donde menos se lo espera, pues si bien el volumen de recursos presuntamente (hasta ahora) desviados es estratosférico, existe una línea de investigación que se abrió el año pasado con la denuncia del doctor Carlos González, un neurocirujano despedido en los años del padrecismo por su activismo anticorrupción y su participación en la formación de un sindicato independiente.
Ese médico interpuso una demanda penal que incluye al dirigente de la sección 43 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud, Mario Villalobos García, quien en contubernio con Campillo García integraron una nutrida flota de ‘aviadores’ en la que aparece buena parte del árbol genealógico del dirigente sindical, así como amigos y gente cercana a sus afectos.
El asunto no es menor. De acuerdo con el doctor González Méndez, quien denunció estos hechos desde hace más de un año, en la secretaría de Salud existen empleados que cobran doble y hasta triple plaza; otros que tienen hasta 13 años cobrando el sueldo y gozando de licencia sindical y muchos más que ni siquiera han podido ser ubicados físicamente, pues algunos viven en Estados Unidos y sólo se les deposita a cuenta de nómina.
En término de dinero público destinado a mantener esta flota de aviadores ascendería a unos 250 millones de pesos anuales, de acuerdo con un estudio elaborado por la organización Sonora Ciudadana hace tres años.
Una consulta de esta columna entre personal de la institución y otras fuentes, arrojó que efectivamente, la lista de personal en situación de privilegio es larga y comienza con la primera esposa de Mario Villalobos García, Alma Angélica Ibarra Gallardo, que tiene una base federal como supervisora de Trabajo Social en área médica B, pero tiene más de diez años con licencia sindical.
La segunda esposa de Mario Villalobos, Edna Patricia Orrantia Campoy tiene base federal como nutricionista en el Centro de Salud Domingo Olivares y se desempeña también como directora del Centro de Desarrollo Infantil, donde también cobra, pero tiene licencia sindical.
También tiene licencia sindical un hermano de Edna Patricia, y por tanto cuñado de Mario Villalobos, de nombre Manuel Edgardo. Él tiene base federal como “apoyo administrativo en salud A-5”.
Mario Villalobos Ibarra es hijo de la primera esposa del dirigente sindical, también tiene licencia sindical y base federal como enfermero general titulado “C”; María Guadalupe Villalobos García es hermana de Mario y tiene una base federal como Profesional en Trabajo Social en área médica “A”. También está comisionada o con licencia sindical.
Martha Villalobos García también es hermana de Mario y también tiene licencia sindical aunque cobra su plaza federal como médico especialista “B”.
La lista completa de aviadores la puede encontrar el aerodinámico lector, la volátil lectora enhttp://www.hacienda.gob.mx/conac/Entidades%20Federativas%20Implementacin/2014/Tercer%20Trimestre/Sonora/049_2111_141014t03_26000.pdf
Pero por si acaso, aquí les pasamos algunos otros nombres de favorecidos con la bendición de Villalobos y Campillo.
Julián Javier Soto Villegas tiene base federal como químico jefe de sección de laboratorio de análisis clínicos C, pero tiene licencia sindical para dedicar su tiempo a sus servicios como asistente de Mario Villalobos.
Destaca el caso de Alejandra García Montiel, que tiene base federal como químico “B”, pero tiene 13 años (¡13 años!) con licencia sindical; también el de Martha Beatriz López Medrano, que tiene base federal como enfermera especialista y tiene licencia como delegada sindical en Agua Prieta, pero vive en Hermosillo.
Una más: Julia Suhail, que tiene base federal como oficial despachador y/o preparador de farmacia, pero vive en Phoenix.
Vaya, hasta el ex secretario de salud, Francisco Javier Muro Dávila aparece en la lista de aviadores, sin contar a personal que no ha podido ser ubicado ni en la secretaría ni en algún domicilio particular.
La Contraloría estatal sigue de cerca los pasos de las 127 personas que aparecen en esa lista, que es uno de los expedientes abiertos en el caso de Bernardo Campillo, donde se involucra a Mario Villalobos en una historia que apenas comienza.
II
Apenas ayer señalábamos los difíciles momentos que están pasando los hermosillenses que ya no sienten lo duro sino lo tupido por la intolerable acción de la delincuencia desorganizada, cuando salieron a dar la cara los responsables de la prevención y la procuración de justicia en el municipio y el estado, para detallar los trabajos que se están desarrollando en esa materia.
En la sala de prensa de la coordinación de Comunicación Gubernamental se dieron cita el alcalde Manuel Ignacio Acosta; el procurador estatal Rodolfo Montes de Oca y el secretario de Seguridad Pública, Adolfo García Morales, acompañados de sus mandos policiacos.
Allí explicaron el carácter estructural del problema de la inseguridad pública, sus raíces en la descomposición social, las adicciones, el narcomenudeo y la violencia intrafamiliar como un complejo entreverado de factores cuya solución depende de las acciones de gobierno, pero también de la participación ciudadana.
Expusieron que desde el momento de asumir sus cargos comenzaron los trabajos de coordinación entre los tres órdenes de gobierno y aunque los resultados han sido positivos, admitieron que aún están lejos de resolver ese complejo asunto.
En los últimos ocho días, explicaron, se han detenido a 197 personas detenidas, se instalaron 98 comités vecinales, se atendió a 616 vecinos en 20 reuniones y se ejecutaron órdenes de aprehensión y reaprehensión tanto en Hermosillo como en el poblado Miguel Alemán.
Dentro de la presentación de resultados, el Secretario de Seguridad Pública, Adolfo García Morales, anunció que en los próximos días la Gobernadora Claudia Pavlovich Arellano presentará un programa cuyo fin es la prevención del delito mediante el ataque de las causas que lo generan y que este tipo de operativos, como el que se aplica en Hermosillo, se llevará a otros municipios.
Mientras tanto, la percepción de inseguridad sigue campeando en Hermosillo y las autoridades tendrán que hacer algo más que diagnósticos y recuentos de aprehensiones, decomisos y patrullajes, porque realmente las calles de la ciudad se están volviendo demasiado peligrosas.
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1 comentario:
El Dr. Campillo pediatra, como secretario de salud fué un verdadero pillo de bata blanca, delincuente sin ningún principio de ética médica , mientras se divertía comprando en subastas caballos pura sangre, la secreteraía de salud se caía en pedazos, tanto robo y saqueo que se le presume mil millones....pero, lo mas penoso y despreciable esque sea en el sector salud la corrupción, que no lleguen los medicamentos a los pacientes, lo que demuestra una estructura moral del DR. Campillo muy mezquina.
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