La firma del convenio 2016 entre la dirección del Isssteson y la Dirección de ese instituto parece haber entrado en la ruta de la conciliación, después de cuatro encuentros entre las partes, donde no se había podido llegar a acuerdos, en parte por la beligerancia que trascendió la mesa de negociaciones y se posicionó en medios de comunicación tradicionales, y con particular saña en las redes sociales.
Las condiciones objetivas en que la anterior administración dejó las finanzas del instituto, explicó ayer su director Enrique Claussen en rueda de prensa, vuelven misión imposible el cumplimiento del pliego petitorio tal como lo plantea la parte sindical encabezada por Xóchitl Preciado, ya que eso exigiría una erogación de 258 millones de pesos anuales, una suma inalcanzable para una institución que opera con un déficit mensual de 128 millones de pesos.
Es decir, el Isssteson, que recibe un presupuesto anual de poco más de mil 400 millones de pesos, dedica el 87 por ciento de ese monto a cubrir la nómina, y el 13 por ciento restante a los gastos propios de la institución: medicamentos, equipo y demás.
En un contexto así, sería suicida tasajear el presupuesto para arrancarle 258 millones de pesos más, y orientarlos a cumplir algunos puntos del pliego petitorio que no parecen prioritarios y que además fueron ofrecidos por la anterior directora, Teresa Lizárraga antes de salir despavorida rumbo al fuero de San Lázaro, dejando la responsabilidad en manos de su sucesor, a quien por si fuera poco le dejo también chillando la víbora del desfalcado fondo de pensiones.
Ayer entró a la negociación el secretario de Gobierno, Miguel Pompa Corella, quien se reunió con la dirigencia sindical en las instalaciones del Isssteson, donde tomaron el primer acuerdo que fue instalar una mesa de negociaciones en la oficina del propio Pompa Corella, quien se hizo acompañar del subsecretario Natanael Guerrero, a quien algunos colegas preguntaron si iba en calidad de funcionario o a cubrir la nota como reportero del periódico que financia en Navojoa. Pinche raza, ¿no?
Posteriormente, Claussen Iberry ofreció una rueda de prensa en la que resumió la precaria situación financiera del instituto y aclaró acusaciones lanzadas por el sindicato a propósito de lo que consideran una onerosa contratación de asesores jurídicos. En este punto explicó que efectivamente tiene contratados a tres abogados, mismos que atienden más de mil 300 demandas interpuestas por personal de la pasada administración, demandas a las que si no se le da un abordaje correcto podrían perderse, ocasionando otro boquete financiero a la institución por unos 175 millones de pesos.
Claussen sostuvo que la administración a su cargo jamás se ha propuesto cancelar un solo derecho laboral de los empleados, aunque se mantuvo firme en la postura de que el presupuesto de la institución simplemente no alcanza para cumplir las exigencias el sindicato.
Aun así, dijo que se han hecho los ofrecimientos razonablemente suficientes, considerando el actual estado de cosas, y espera que la dirigencia sindical tome en cuenta eso a la hora de sentarse a la mesa de negociaciones, lo cual ya ocurrió y ahora con la participación de nuevos actores, lo que ensancha el camino de los acuerdos.
Por cierto, al parecer las partes también se dieron cuenta que era un sinsentido abrir frentes de guerra en las redes sociales para ventilar asuntos hasta personales, lo que de muchas maneras atizaba enconos y generaba un ambiente poco propicio para arribar a los acuerdos necesarios. Desde ayer se observó un notable descenso en la beligerancia troleadora, esa práctica que asumieron como política pública de comunicación en el pasado reciente, con letales resultados para la parte gubernamental.
Y es que eso de integrar batallones de funcionarios públicos para que operen en redes sociales a través de sus cuentas personales y no pocas cuentas troll, atacando a los trolls de la contraparte, pero también a cualquiera que disienta de las posiciones oficiales, a la larga genera una gran carga negativa para el gobierno.
Por lo visto, las partes han reconsiderado sus tácticas para el abordaje del conflicto, y las cosas parecen retornar al camino del diálogo, donde seguramente encontrarán la ruta de los acuerdos, en la que finalmente se trata de no afectar a más de 77 mil trabajadores y más de 180 mil derechohabientes, lo cual siempre será lo más importante.
II
Hizo bien el alcalde Maloro Acosta en salir a dar la cara para informar a los hermosillenses que a más tardar en una semana podrían ser dados de baja los agentes involucrados en la golpiza a un detenido que, en los patios de la comandancia de policía, y esposado, fue objeto de un trato brutal por parte de los uniformados.
Los agentes no contaban con que estaban siendo grabados en video desde una cámara instalada en la propia comandancia, y que el mismo comisario Ramsés Arce Fierro envió el material videográfico a la Comisión Estatal de Derechos Humanos como parte del expediente por la denuncia respectiva.
El alcalde hizo notar que es la primera vez que la misma autoridad policiaca presenta la denuncia en la CEDH, lo que indica voluntad para no permitir que casos de abuso de autoridad como este, se mantengan ocultos “como sucedía en el pasado”, dijo.
Explicó que los agentes no fueron cesados de manera inmediata debido a que éstos se defendieron legalmente, y tienen el derecho de agotar los recursos con los que buscan permanecer en sus cargos.
De acuerdo con el alcalde, es probable que en esta misma semana los abusivos genízaros sea cesados de sus cargos, que es lo menos que esperaba la ciudadanía hermosillense después de ver la salvaje y ventajosa golpiza de la que fue objeto el hombre detenido.
Por cierto, en una entrevista para una radio local, el comandante Arce Fierro informó que personal de la corporación fue a buscar al hombre agredido por los agentes, para ofrecerle una disculpa y ponerse a sus órdenes por si quería interponer una denuncia, pero el señor no les abrió las puertas de su casa, sino que los atendió a través de una ventana.
La adolorida lectora, el lacerado lector habrá de comprender que después de semejante garrotiza, el muchacho prefiera guardar su distancia respecto a los uniformados.
Lo anterior puede parecer una vacilada, pero no. Precisamente lo que está en juego es la confianza ciudadana en la corporación policiaca, que de por sí nunca ha estado en los niveles más altos.
Lo menos que puede hacer el alcalde es dar de baja a esos elementos, enviando así una señal no sólo a la ciudadanía sobre su voluntad para depurar la corporación, sino a los propios agentes en el sentido de que no se tolerarán más actos de abuso y prepotencia.
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