César De la luz / @DelaluzSI
Hermosillo.- Los alcaldes deben garantizar el
suministro del agua, abstenerse de cobros indebidos, suspender el servicio y
hacer cortes arbitrarios a las familias más pobres de Sonora, de acuerdo a la
Recomendación General 02/2014 dirigida a los 72 presidentes municipales del
estado, informó el presidente de la CEDH Sonora, Raúl Arturo Ramírez Ramírez.
Destacó que ante las constantes denuncias
ciudadanas sobre la falta del vital líquido en sus hogares, en distintos
Municipios de Sonora, el Organismo recomienda adoptar medidas que eviten
vulnerar el Derecho al Agua.
El Ombudsman sonorense precisó que en el cuerpo de
la Recomendación se establece que los Organismo Operadores de agua potable,
drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales, podrán
limitar el servicio más no suspenderlo totalmente, siempre y cuando se trate de
población de bajos recursos y que se compruebe a través de un estudio
socioeconómico, que deberá de llevarse a cabo antes de cualquier suspensión.
Señaló que si en la actualidad se está llevando a
cabo la suspensión del servicio de agua potable, se está ante una flagrante
violación a los Derechos Humanos de la población en situación de marginación.
Por ello, expresó, los Ayuntamientos de Sonora
deben tomar las medidas pertinentes para contrarrestar la problemática que
sufren los habitantes de las zonas geográficas del Estado donde carecen de éste
vital líquido; lo anterior, en aras de que les impide desarrollarse en un
ambiente sano, de libre esparcimiento, higiene y salud.
El Ombudsman expuso que el acceso al agua tiene una
relación intrínseca para garantizar un medio ambiente sano por ello este Organismo
debe pronunciarse a favor del goce y disfrute del derecho a un ambiente
adecuado, mismo que en materia internacional de Derechos Humanos es reconocido
directa e indirectamente por la Declaración Universal de Derechos Humanos
Indicó que el agua no solamente sirve para saciar
las necesidades básicas del hombre, como lo es el consumo humano o vivir en un
ambiente limpio y sano, sino que implica cuestiones más complejas y
trascendentales, como lo es un correcto desarrollo social, económico y de esparcimiento.
Ramírez Ramírez puntualizó que es una obligación
del Estado proveer del vital líquido a sus gobernados de forma equitativa, así
como dictar las medidas necesarias para ordenar los asentamientos humanos y
establecer adecuadas provisiones, usos, reservas y destinos de las aguas.
Esto, a efecto de ejecutar obras públicas, de
planear y regular la fundación, conservación, mejoramiento y crecimiento de los
centros de población que garantice el consumo humano; para preservar y
restaurar el equilibrio ecológico.
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