Por fin, el contralor estatal Miguel Ángel Murillo Aispuro le puso nombre y apellido a los integrantes de una primera entrega informativa de ex funcionarios inhabilitados y sancionados por la dependencia a su cargo, quienes deben andar el largo camino de un litigio que comienza en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo y seguramente se dirimirá en la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
En otras ocasiones, Murillo Aispuro había informado que el daño patrimonial causado por el padrecismo al erario sonorense rebasa los 30 mil millones de pesos; pues bien, los 18 señalados ayer acumulan una sanción de seis mil 259 millones de pesos, multa que tendrán que pagar por los delitos cometidos a su paso por la administración pública.
En la lista destacan cuatro personajes, dos muy conocidos y otros dos no tanto, pero que serían los responsables del mayor daño patrimonial y están siendo requeridos para que reparen ese daño.
Se trata del secretario de Hacienda de Guillermo Padrés en la segunda mitad de su sexenio, Carlos Villalobos Organista, quien fue inhabilitado por diez años y sancionado con 2 mil 782 millones de pesos, y de su tesorero Mario César Cuen Aranda, inhabilitado por diez años y sancionado con 329 millones.
Se supone que el funcionario público que incurra en desvío de recursos o delitos de peculado, deberá reintegrar el doble del monto birlado al erario; en el caso de Mario Cuen, se le está requiriendo por 329 millones en un caso de desvío de más de mil millones de pesos, pero eso se debe a su grado de participación en el mismo, según explicó Murillo al término de la conferencia. Es decir, se trata de un solo caso en el que no tuvo la principal responsabilidad, pero la Contraloría mantiene al menos otros cuatro expedientes abiertos para el cananense.
Un nombre que no había trascendido hasta ayer es el de Javier Alberto Martínez Verduzco, quien se desempeñaba como director General de Control de Fondos y Pagaduría. Fue inhabilitado por diez años y sancionado con 3 mil millones de pesos. ¡3 mil millones de pesos!
También aparece Luis Alberto Sotelo González, con el mismo cargo que el anterior y que fue aparece en tres expedientes acumulando sanciones superiores a los 450 millones de pesos. Fue inhabilitado por diez años.
Ahora bien, las sanciones administrativas son independientes de los juicios que se les siguen a los ex funcionarios en otras instancias judiciales, como la procuraduría estatal y la federal y en la Fiscalía Especial Anticorrupción, a donde ya se han turnado 40 denuncias a las que se le está dando seguimiento.
En la lista dada a conocer ayer también aparece el ex secretario de Gobierno, Roberto Romero López, por no poder demostrar el destino de 90 millones de pesos de la partida “Ayudas sociales a personas”, en un caso que ya se turnó a la fiscalía especial.
El monto por el que se le investiga en este caso a Romero López parece risible, considerando que el señor está involucrado en delitos de peculado y otros por cantidades muy superiores. De hecho, junto con su esposa, la ex diputada local Mónica Paola Robles Manzanedo tienen órdenes de aprehensión en su contra, lo que provocó que ambos abandonaran el país, según declaró recientemente el delegado de la PGR, Darío Figueroa, quien dijo tener conocimiento de que cruzaron la frontera hacia Estados Unidos.
La lista completa la integran: Camilo Alejandro Castro Leyva, Subdirector General de Costos, Contratos y Licitaciones, adscrito al ISIE; Cynthia Zaraith Orozco Atondo, Contador Interno del Fideicfomiso Puente Colorado; Roberto Molina Acedo, Director General de Infraestructura Hidráulica, Urbana de la CEA; José Germán Valenzuela Aganza, Residente de Obra, Coordinador de Supervisión del Instituto de Vivienda del Estado de Sonora; Idolina Salazar Ortiz, Administradora del Hospital General de Puerto Peñasco, dependiente de los Servicios de Salud.
También Jesús Humberto Cuadras Rojo, Administrador del Hospital General de Puerto Peñasco; Ramón Eduardo Ruiz Zapata, Director General de Costos, Licitaciones y Contratos de la SIDUR; Martín Romero Méndez, con el mismo cargo que el anterior; Cristian Gerardo Chávez Espinoza, Policía Estatal de Seguridad Pública; Luis Rey Chong Zambrano, servidor público adscrito a los Servicios Educativos del Estado de Sonora y Camilo Alejandro Castro Leyva, Subdirector General de Costos, Contratos y Licitaciones del ISIE.
Hay además otros siete ex funcionarios que no han sido notificados al no poder encontrar sus domicilios.
Y una lista aún más larga de conocidos padrecistas que se han acercado a los juzgados para tramitar sendos amparos, y que no fueron mencionados por el contralor, pero cuya identidad es del dominio público, como Bernardo Campillo, ex secretario de Salud; Héctor Ortiz Ciscomani, de Sagarpha; Teresa Lizárraga, ex directora del Isssteson; Víctor Alcaraz, de FEMOT, entre otros.
El que no los hayan mencionado no significa que no estén siendo investigados, sino solamente que no terminan de integrarse los expedientes en su contra, pero en los días por venir se sabrá cuál es su situación.
Ya entrada la noche, el Partido Acción Nacional hizo llegar un boletín de prensa en el que insiste en su versión de que el gobierno del estado ha desatado una cacería de brujas, con la que pretende cubrir su falta de resultados.
Sin embargo, se cura en salud, sobre todo por aquello de que en los últimos días no le ha ido muy bien en materia de fama pública de algunos panistas destacados, como Francisco Quibrera, detenido en Sydney acusado de intento de homicidio y violación, así como el ex alcalde electo de Fronteras, Arturo Reyes Trujillo, sentenciado a 21 años de prisión en Estados Unidos, por tráfico de cocaína y delincuencia organizada.
Así, el comunicado dice que “El PAN no defiende a ningún ex funcionario, ni será cómplice de nadie que haya hecho algo incorrecto, deseamos que aclaren las acusaciones en su contra y se puedan defender, estamos en contra de cualquier abuso que actuales o anteriores autoridades cometan”
La redacción es un poco confusa, pues las anteriores autoridades ya no pueden cometer abusos (al menos como tales), pero queda claro que cuando los cometieron, y fueron muchísimos, el PAN guardó un ominoso silencio, validando sin rubor todas las tropelías del padrecismo, al que evidentemente sigue atado.
En fin, la película apenas está comenzando.
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